21 de febrero de 2016

Presos


Me cuesta asimilar la idea de “preso político”. Digo, por lo general, los presos políticos son llevados a la cárcel porque manifiestan abiertamente que no están de acuerdo con alguna postura gubernamental particular. Dependiendo del régimen donde expresen su divergencia, les va mal o les va peor. Si el régimen se postula como democrático, va a la cárcel por razones legales hiperbólicas, casi siempre de tipo criminal que astuta y tendenciosamente son desplazadas hacia su caso. Si el régimen es dictatorial, va a la cárcel y a veces es ejecutado por razones igualmente hiperbólicas pero sin los rodeos hipócritas de los aparentes demócratas. Al dictador, que casi nunca tolera las críticas y menos aún los actos contrarios a su gestión, no le tiembla el pulso para apresar y condenar a quien califica de desestabilizador o de violento o de fascista o de enemigo del pueblo o simplemente de traidor a la patria. A veces, ocurre que se mezclan ambas posturas, es decir, el gobierno cuestionado políticamente se define como una democracia, pero actúa como una dictadura. Tal es el caso de Venezuela, como tanta gente no se cansa de denunciar. Desde hace 17 años, ese país está siendo gobernado por personas que han llegado al poder por la vía del voto, pero que además de haber demostrado ser muy ineficientes a la hora gestionar los asuntos públicos, también han mostrado abiertamente que no toleran el disentimiento ideológico.  Son impermeables a la crítica y sistemáticamente descalifican a los críticos. Si esos críticos se convierten en una piedra en su triste y costoso zapato, entonces lo llevan a la cárcel o abren un juicio en su contra. Hoy, en la Asamblea Nacional venezolana, los diputados opositores están proponiendo una Ley de Amnistía para los presos políticos. Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, afirmó que se beneficiará a más de 30.000 personas: “Hablamos de 115 presos políticos, más de 2.000 personas sometidas a proceso penal, pero también de los empleados públicos que puedan sentirse perseguidos”, según leo en una nota publicada en El Nacional. Desde mi punto de vista, con esa cantidad de beneficiarios, esa ley es urgente, pero no dejo de pensar que es una vergüenza que haya gente en la cárcel por haber participado, organizado o convocado manifestaciones, protestas o reuniones con finalidad política. Son treinta mil beneficiarios según la ley que se propone, pero mientras no entre en vigor el salvavidas legal son treinta mil perjudicados por la intolerancia salvaje de una personas que difícilmente pueden llamarse venezolanos. No tiene patria aquel que no entiende la diversidad connatural de los pobladores de cualquier nación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario